| La derecha dirá que en España no existe la guerra judicial ni el 'lawfare' ni nada de eso, pero fíjate de lo que estamos hablando hoy. El Gobierno y los partidos catalanes han incluido el terrorismo en el catálogo de delitos perdonados por la ley de amnistía. ¿Hacen esto porque quieren absolver a los autores de algún atentado sangriento durante los años de procés? No, y de hecho no los ha habido. ¿Porque quieran salvar de juicio a algún líder independentista que haya incurrido extorsión, amenazas, para financiar organizaciones criminales? No, porque además eso no ha sucedido. Lo hacen porque hay (al menos) un juez que está dispuesto a acusar de terrorismo a los independentistas como último recurso para impedir la aplicación de la ley. En la anterior versión, el texto no cubría delitos de terrorismo que implicaran daños personales. Y esa excepción es la rendija por la que el juez García Castellón está intentando meter su caso contra Puigdemont y un grupo de activistas, a los que acusa de terrorismo con víctimas por una protesta en el aeropuerto de Barcelona en la que murió un turista por un infarto. Con una Justicia coherente, ese caso nunca sería tramitado como terrorismo, pero aquí el objetivo está claro: boicotear la ley de amnistía. - Ignacio Escolar escribe hoy: "El escándalo no está en que la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados decida amnistiar unos delitos de terrorismo que nunca ocurrieron. El verdadero escándalo es otro: que haya jueces en España que lleven su oposición a este Gobierno a unos extremos así. Retorciendo el derecho a su favor".
Así que el Gobierno, Junts y ERC han blindado la aplicación de la ley incluyendo delitos de supuesto terrorismo siempre que no incurran en "violaciones graves de derechos humanos", que en realidad es un matiz técnico que busca la compatibilidad con la legislación europea. Pero ya veremos, porque obviamente todo esto es delicado y es polémico y hasta hace 48 horas el PSOE no lo quería hacer así. Más claves aquí. - El juez García Castellón es el mismo que se niega a investigar la guerra sucia policial contra el independentismo y es el mismo que ha intentando por todos los medios imputar a Podemos por financiación irregular, sin éxito. El partido de Ione Belarra le ha denunciado por prevaricación y ha vuelto a recurrir al Supremo para que se le investigue.
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