| Este es el boletín de la sección de Madrid de EL PAÍS, que cambia de periodicidad y de autor. A partir de ahora, saldrá los martes a las seis de la tarde con la firma de Miguel Ezquiaga. Los viernes, Héctor Llanos Martínez mantiene su entrega, dedicada a propuestas para el finde y que os llegará a mediodía. Si no estás suscrito, puedes apuntarte aquí.
Toc, toc. ¿Hay alguien ahí?
Me presento: Soy Miguel Ezquiaga, redactor del periódico, y me hago cargo de este boletín. Lo enviaré cada martes con la idea de que hurguemos juntos en las entrañas de Madrid. Ahora que ya me he colado en tu bandeja de entrada, empecemos:
Ayer supimos que la reforma del piso en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se finalizó sin permiso. Tras meses de indagaciones, mis compañeros Fernando Peinado y Manuel Viejo han logrado acceder a varios documentos que así lo corroboran. Entre ellos está el acta que el lunes pasado levantó una inspectora municipal tras visitar la vivienda. La funcionaria pudo comprobar que los trabajos se llevaron a término desoyendo dos órdenes de cese y paralización comunicadas por el Ayuntamiento debido a las deficiencias halladas en la declaración responsable, el documento por el cual se comunican las actuaciones urbanísticas que no afectan a la estructura de un inmueble.
La obra ilegal siguió hasta bien entrado 2023 y causó inundaciones en las plantas inferiores, incluido un restaurante que quebró tras los desperfectos. La pareja que lo regentaba tuvo que enfrentarse a una reforma de 8.000 euros y al cierre del negocio durante más de un mes, el tiempo que tardaron en reacondicionar su local. El seguro ni siquiera llegó a cubrir la totalidad de las obras y los afectados jamás se recuperaron de aquello. Ayuso se ha mofado en varias ocasiones de lo sucedido, insinuando que fue una simple gotera. Que el hundimiento de un negocio familiar no empañe la libertad de las cañas y el terraceo. Pero volvamos a la cuestión de las obras.
El propietario de la vivienda, Alberto González Amador, pareja de la presidenta, notificó en agosto de 2022 que iniciaría una “demolición de tabiquería sencilla”, además de un saneamiento de fontanería, electricidad, alicatados y “demolición de mobiliario de cocina y falsos techos”. La Junta Municipal de Chamberí comprobó en noviembre la “inexactitud, falsedad u omisión” de la documentación aportada por González Amador en su declaración responsable, que describía solo de forma vaga los trabajos, con la intención explícita de ampliarlos más adelante. El órgano del distrito notificó a la pareja de la presidenta que las solicitudes parciales de obras se tramitan exclusivamente por el procedimiento de licencia urbanística, destinado a obras que sí afecten a la estructura de los inmuebles, mientras que la declaración responsable no se puede ampliar.
Este documento, en el que la persona interesada manifiesta cumplir con todos los requisitos exigidos por la normativa, llegó al ámbito urbanístico gracias a una reforma de la ley del suelo que el Gobierno de Ayuso aprobó en 2020. La oposición siempre ha criticado que la medida suponía un relajo en los mecanismos de fiscalización.
Por su parte, el Partido Popular defendió que solo cambiaron los tiempos de la revisión municipal, dejando de ser necesariamente a priori para llevarse a cabo tras la obra, lo cual mantenía intacto el nivel de exigencia urbanística. Irónicamente, la visita de una inspectora municipal al piso donde reside la mismísima presidenta ilustra la operatividad de esos controles. Si el novio de Ayuso es tratado como un ciudadano más, se enfrentará a elevadas multas y a la posibilidad de que las obras de su casa sean demolidas.
Peinado y Viejo nos los seguirán contando.
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