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Toc, toc. ¿Hay alguien ahí?
Mi boletín de hoy comienza con tono informativo para dar cuenta del último pleno de Cibeles antes de las vacaciones de verano. Sí, nuestros ilustres concejales también tendrán que descansar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha adelantado importantes novedades en la normativa que regulará los pisos turísticos y que se presentará en el primer trimestre del año. Hasta entonces, el Gobierno municipal ha congelado la concesión de nuevas licencias.
Entre reproche y reproche a la oposición, el primer edil ha anunciado que estudia prohibir de forma definitiva la conversión de bajos comerciales en viviendas de uso vacacional. La medida se hizo pública minutos después de que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, propusieran crear una empresa pública que compre los locales comerciales y los alquile a precios asequibles. Almeida replicó que entre sus planes también está la promoción de estos bajos como viviendas residenciales, sin concretar cómo, aunque dejó claro que el alquiler social no figura entre sus prioridades.
La conversión de locales a pie de calle en pisos turísticos se ha convertido en un nuevo nicho de negocio para arquitectos e inversores. Al mismo tiempo, multitud de pequeños comercios se ven obligados a echar el cierre, incapaces de competir con las plataformas que fagocitan el mercado. Es la lenta muerte de la ciudad, la sustitución de la mezcla de usos por el monocultivo de Airbnb. Resulta evidente el impacto de estas operaciones en el precio de la vivienda, pero no me preocupa menos que vecinos y turistas acaben compitiendo por los mismos recursos, con la evidente inferioridad de condiciones.
Almeida también aprovechó el último pleno antes de sus vacaciones para presentar nuevos datos sobre la aplicación del régimen sancionador. El Consistorio ha impuesto desde abril multas por valor de 30.000 euros a 176 pisos turísticos que operaban sin licencia, lo que supone más de cinco millones recaudados. Las cifras revelan un incremento insuficiente de los expedientes, teniendo en cuenta que solo el 8% de las viviendas vacaciones de la capital operan con los papeles en regla. El resto, más de 12.400, lo hacen saltándose la ley, según datos municipales.
La metástasis del turismo devora de manera especial el centro de la ciudad. Un reciente análisis del Observatorio del Alquiler, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, revela que una de cada tres casas que se arriendan en la almendra central están destinadas a turistas. Existe abundante literatura sobre el efecto devastador que esto tienen en la vida de los barrios y los bolsillos de sus gentes. La ciudad global ha lanzado un mensaje: turismo sí, pero con limitaciones. Desde Nueva York hasta Ámsterdam o Barcelona, equipos municipales de todo el mundo comienzan a tomar medidas y nadie entendería que no se hiciera lo mismo en Madrid. Habrá que dejarlo para el curso político que viene.
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