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En las puertas del centro de menores de Hortaleza se amontona un grupo de niños que no sabe a dónde ir. Su casa estos días es la de la Comunidad de Madrid, bien porque no tienen otro sitio en este país, o bien porque en la suya no los quieren y se ha vuelto un lugar hostil y peligroso. Y ahí se reúnen, como si estuvieran en el recreo, en las calles que rodean el recinto, que son las únicas que conocen en ese barrio. Deambulan por el parque, se fuman a escondidas un cigarro, se empujan, se ríen. Se comportan como chicos de su edad sin saber todavía que hay vecinos que procurar evitar esas aceras, que les tienen miedo.
Este centro que tiene una capacidad de 72 camas, a pesar de que se diseñó para 35 personas y se amplió sin modificar el espacio en 2018, donde caben 52 chicos y 20 chicas de entre 15 y 18 años, se encuentra estos días al borde del colapso: cada semana se supera esa cantidad de gente, se tiran colchonetas al suelo, se enrollan toallas porque no quedan almohadas, han estado dos meses sin médico, no hay ropa interior limpia suficiente, no caben en el comedor, ni en las clases de español, ni pueden ducharse todos los días.
Los trabajadores viven con miedo de que pase de nuevo lo que sucedió ahí dentro en 2019, cuando a los conflictos internos, que llegaron a contar 67 en una semana, incluidos cuchillazos por una croqueta, además de la sobrepoblación de casi tres veces la capacidad, se sumaron los ataques externos: Vox se concentraba para apuntar a estos menores que no tienen a nadie como los culpables de todos los males de la inmigración irregular.
L. es una chica española de 17 años que en los días de vísperas de la Navidad se encontraba procesando que su madre ya no quería saber nada de ella. La relación no había sido fácil nunca, contaba, pero todo se complicó con el suicidio de su padre. A. llegó de Perú hace solo cuatro meses. Y al poco de aterrizar, su padre abusó de ella una noche que llegó borracho y se metió en su cama. Estos días está a la espera de juicio y de saber qué será de ella a partir de ahora.
Niñas y niños sin nadie más que la Comunidad de Madrid para protegerlos. Sin otro sitio al que ir, sin opciones. Porque a L. le gustaría no depender de nadie y trabajar después del instituto, pero cuenta que nadie quiere contratar a una chica menor de edad, que encima no tiene a ningún adulto que pueda responder por ella. Y a A. le gustaría regresar con su madre y salir de un país donde no tiene más familia que un padre al que acaba de denunciar, pero no sabe si eso será posible si su padre queda absuelto.
Cuesta imaginar qué significará para ellas y ellos ver todas esas luces de Navidad. Si estarán deseando que todo pase pronto, que bajen de una vez esos adornos que les recuerdan su mala suerte, si ese sentimiento que se acumula se enquistará en alguna parte para siempre. Por qué les hacemos todavía la vida más complicada, señalándolos como delincuentes potenciales cuando todavía son niños. Cuando ser niña para ellas es también su condena.
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