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Todavía no se cumple un año desde que el presidente Gabriel Boric nombró al socialista Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Venezuela y el mandatario ya lo llamó a consultas para recabar “información detallada” sobre la situación en el país caribeño e instruirlo a tomar las acciones que sean necesarias ante el Gobierno de Nicolás Maduro. La decisión de Boric encontrarse personalmente con Gazmuri en Santiago se produjo luego de que el canciller venezolano, Yván Gil, declarara la semana pasada que el grupo criminal Tren de Aragua es “una ficción mediática internacional”. La declaración negacionista -de la que ha reculado el régimen chavista- se hizo la misma semana en que la Fiscalía chilena apuntó a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, exteniente opositor a Maduro y refugiado político en Chile desde 2018, tuvo un móvil político y fue orquestado desde Venezuela.
El Gobierno de Boric ha emplazado prácticamente a diario al régimen de Maduro para que colabore con la extradición de dos de los supuestos autores del asesinato de Ojeda, que se encuentran en Venezuela, y así respondan ante la justicia chilena. También les ha pedido datos personales y antecedentes penales de cinco personas vinculadas al homicidio. “Dicha solicitud será respondida a la brevedad”, dijo el fiscal venezolano Terek William Saab, quien también dio muestras de una voluntad a dar “colaboración absoluta” en el caso. Ahora, tras una tensa semana en las relaciones diplomáticas, las autoridades chilenas dicen estar a la espera de que las palabras del Gobierno venezolano se transformen en hechos.
Otro asesinato, el del teniente Emmanuel Sánchez ocurrido la semana pasada cuando intentaba frustrar un asalto en Quinta Normal, ha obligado al Ejecutivo a revelar más detalles sobre la relación con el régimen de Maduro. Uno de los implicados en el crimen a Sánchez era un venezolano que mantenía una orden de expulsión desde hace cuatro años. ¿Por qué seguía en territorio nacional? Fue una de las preguntas que surgió en medio de la indignación ciudadana. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tuvo que salir a explicar que para deportar a un ciudadano de Venezuela a su país, “no solo se requiere encontrarlo, sino también tener autorización del Gobierno venezolano para entrar a su espacio aéreo y que previamente hayan corroborado su identidad”. Y para llevar adelante esos procesos, la actitud colaborativa de Venezuela ha sido “débil”. La portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, lo dijo de otra manera: “No basta con subirlos a un avión, si este luego no tiene donde aterrizar".
“¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes?”, sostuvo Maduro la noche del lunes, quien señaló al expresidente Sebastián Piñera, echando más bencina a la hoguera. Boric no tardó en referirse al asunto, asegurando que “las diferencias entre chilenos las resolvemos acá, en Chile. No por la prensa, hablando con mandatarios extranjeros”. Maduro invitó a Boric a conversar personalmente sobre los asuntos que les atañen y no por la prensa, a lo que el mandatario chileno aseguró estar disponible, pero que, más allá de la retórica, espera “colaboración concreta”. |
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