| El domingo Venezuela celebró unas elecciones que muchos calificaron de históricas porque era la primera vez en más de diez años que el chavismo y una candidatura mayoritaria de la oposición se disputaban la presidencia. Todas las encuestas fiables pronosticaban una victoria del diplomático Edmundo González Urrutia, sustituto en el tarjetón de María Corina Machado, inhabilitada por la justicia por el aparato gubernamental. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el triunfo del presidente, Nicolás Maduro, por el 51,20% de los votos frente al 44,20% de su principal contrincante, con el 80% escrutado. El árbitro de los comicios, también cooptado por el chavismo, denunció un ataque informático para justificar los retrasos y zanjó el asunto: el ganador era Maduro.
La oposición impugnó esos números y exigió de inmediato la publicación de las actas, ya que, según los datos recopilados en las mesas por sus voluntarios, el resultado real otorgaría una victoria a González Urrutia por abrumadora mayoría. La cúpula chavista se negó a mostrar la documentación electoral y agitó el espantajo de un supuesto intento de desestabilizar el país desde el exterior. Se atrincheró, con Maduro a la cabeza, como siempre ha hecho en los últimos años. Mientras tanto crecía la presión, tanto interna como externa. La inmensa mayoría de los países y de las instancias mundiales, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, exigieron al sucesor de Hugo Chávez la publicación de las actas. El Centro Carter, que participó en la observación de las elecciones, concluyó que "no pueden considerarse democráticas" y la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció una "aberrante manipulación" de la votación. Tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de defensa de los derechos humanos condenaron rotundamente la represión. En apenas tres días, según el cálculo de Human Rights Watch (HRW), hubo 20 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.
La implicación, aun con distinta intensidad, de presidentes y líderes de la izquierda como el brasileño Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric, especialmente duro, fue especialmente significativa. A ellos se sumaron el mandatario saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Claudia Sheinbaum. Si Maduro y el aparato chavista mantienen que no hubo fraude, ¿por qué no enseñan las actas? Este miércoles. Maduro aseguró que está dispuestos a entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que el propio presidente pidió una auditoría. El tribunal, como todos los resortes del Estado venezolano, es un brazo ejecutor del Gobierno.
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