| Hola, queridos lectores:
Estos días han estado marcados por un hecho sin precedentes en Chile, de esos que sellan un antes y un después. Y que ha empujado a que la ministra del Interior, Carolina Tohá, pronunciara cuatro veces la palabra nunca en una misma frase apenas se enteró: “Es un atentado que tiene características que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto este nivel de crueldad. Nunca habíamos visto este nivel de alevosía. Nunca”.
Ese atentado nunca antes visto, y que el presidente Gabriel Boric calificó de “terrorismo”, es el asesinato a sangre fría de tres carabineros, que tenían entre 29 y 43 años, que fueron baleados y hallados quemados dentro de su camioneta de patrullaje, blindada, cuando iban a realizar el control de una medida cautelar la madrugada del 27 de abril en la ruta P-72 S que une Tirúa con Cañete, en la provincia de Arauco. Es un crimen que ha marcado un hito y un punto de inflexión en la escalada de violencia que se vive hace más de una década en esta zona centro-sur de Chile y que ha cruzado ya a varios gobiernos.
El triple homicidio ha ocurrido el 27 de abril, cuando Carabineros conmemoraba su aniversario 97º en un país todavía impactado por el crimen dos semanas antes de otro policía, Emmanuel Sánchez, de 27 años. Fue asesinado frente a su esposa y su hijo de tres años, y uno de los cuatro imputados, como contó el periodista Sebastián Dote, huyó por cinco países hasta que fue capturado en Colombia.
El impacto que ha provocado el homicidio de los funcionarios Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid ha sido relatado por mi compañera Rocío Montes en distintos momentos en EL PAÍS. No solo ha contado que los tres poderes del Estado viajaron hasta la zona para acompañar a sus familiares; también los chilenos “han salido a las calles de diferentes ciudades del país para manifestar su repudio y para rendir un último homenaje a los nuevos mártires de la institución”. El sector donde ha ocurrido la emboscada en la macrozona sur del país es considerada una zona roja que lleva dos años bajo estado de excepción constitucional, con presencia de las fuerzas armadas. Allí la violencia rural y los atentados de grupos radicales, en medio del conflicto por las tierras ancestrales del pueblo mapuche, ha derivado a otros delitos, entre ellos el tráfico y robo de madera.
El asesinato de los tres funcionarios coincidió con un complejo momento político y judicial, en la víspera de que la Fiscalía formalizara el 7 de mayo la investigación en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social de octubre de 2019. Tras el atentado, el Gobierno de Boric, que sostenía la tesis de que los funcionarios de confianza del presidente no pueden seguir en sus funciones si se formaliza una indagatoria, ratificó a Yáñez, en contra de la opinión del Partido Comunista, su aliado en el Oficialismo. El lunes, el Ministerio Público suspendió la audiencia hasta octubre.
Hoy la investigación es liderada por Roberto Garrido, un fiscal especializado en causas de alta complejidad en violencia rural en la macrozona sur Y el Gobierno ha adelantado que “ya hay pistas” para dar con los responsables. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario