| “Aquí no dimite nadie”. La frase se repite desde la tribuna del Congreso hasta las barras de los bares (o de X) cada vez que un partido o una Administración se ven salpicados por un escándalo de corrupción o de mala gestión. “Aquí no dimite nadie”, claman los rivales del afectado de turno, mientras silban con la vista en el tendido cuando los implicados son ellos. “Aquí no dimite nadie”, y se ponen ejemplos de otras democracias más exigentes en esta cuestión, como Alemania o más recientemente Portugal. “Aquí no dimite nadie”, ha vuelto a repetirse, escucharse, escribirse a raíz del caso Koldo.
Lucrarse con comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia despierta una más que justificada indignación y exige la más amplia investigación y las más detalladas explicaciones, tanto si el caso salpica a un exministro como a un alcalde. Sobre todo si se cuestionan actuaciones pasadas de quien hoy es la tercera autoridad del Estado. Por ahora, siguen siendo más las preguntas que las respuestas —aquí puede hacer balance de lo que sabemos de la trama—. Y esas contestaciones cobran mayor urgencia en medio del enorme ruido del cruce de acusaciones entre un PSOE (y sus aliados dentro y fuera de la política) a la defensiva y un PP (ídem) que parece más interesado en echar como sea a Sánchez que en conocer la verdad y dignificar las instituciones.
¿Cuándo debe dimitir un político o un cargo público? ¿De qué responsabilidades? ¿Debería dejar su escaño José Luis Ábalos, por ahora ni investigado ni encausado, aunque es obvia su relación con quien fue su asesor y a quién situó en dos empresas públicas? ¿Deberían dimitir Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, ni siquiera citados en el sumario? La responsabilidad política tiene tiempos y ámbitos muy diferentes de la jurídica, pero al enunciar esa primera pregunta vuelve siempre a la memoria el caso de Demetrio Madrid. Entonces presidente socialista de Castilla y León, dimitió el 29 de octubre de 1986 tras ser procesado por la Audiencia de Valladolid por la supuesta venta ilegal de una empresa textil de su propiedad. El 10 de enero de 1990 quedó absuelto. Nunca volvió a la primera línea de la política. El PSOE, derrotado en las urnas por un tal José María Aznar ocho meses después de la dimisión de Madrid, nunca ha vuelto a gobernar en Castilla y León. ¿Debería haber seguido en su puesto?
Dos relevantes ex altos cargos, la exministra socialista Mercedes Cabrera y el exsecretario de Estado en gobiernos del PP José María Lassalle, han abordado en nuestro último debate la pregunta de dónde empieza la responsabilidad política en un caso de corrupción. Cabrera defiende que “un ‘político de vocación’, como lo llamó Weber, sabe cómo asumir esa responsabilidad y cuándo debe cesar en su cargo, sin tener que esperar a la finalización de un sumario”. Tras recordar que el PSOE volvió al poder cuando se dilucidaba un caso de corrupción, la trama Gürtel, destaca que “ahora no vale el ‘y tú más’ (…), sino que es imprescindible responder con rapidez y con transparencia. Pero la ética y la responsabilidad política también atañen a quienes han visto en este caso una nueva oportunidad para ajustar cuentas con un adversario al que niegan legitimidad”.
Para Lassalle, “la democracia siempre ha exigido a quien ejerce un cargo público que sea fiable y competente cuando elige qué hacer o no hacer”. Por ello, “cuando irrumpen circunstancias que comprometen la fiabilidad de esa elección, al alto cargo no le queda otra que asumir su responsabilidad política y restablecer la confianza pública puesta en su persona con su dimisión. Una responsabilidad que no acredita su inocencia, sino que repara su incompetencia en el ejercicio de su capacidad electiva”.
Este es el texto completo del debate.
A la polémica se han asomado en los últimos días algunas de nuestras firmas. Para Elvira Lindo, “que el enriquecimiento de Koldo y su cuadrilla sirva ahora para que populares y socialistas se señalen las vergüenzas es un espectáculo que nos deberían ahorrar. Es evidente que aquí algo no funciona”. Su columna se titula La cuadrilla de Koldo.
Luis García Montero considera que “en la gestión pública no hace falta tener culpas penales; son suficientes las responsabilidades políticas para decir adiós. Y es muy triste que [Ábalos] no haya encontrado un buen camino de salida”. Puede leer sus reflexiones en El móvil perdido.
Máriam Martínez-Bascuñán mantiene: “El vínculo entre la ciudadanía y nuestros representantes públicos se basa en la rendición de cuentas, y el precio debe ser mayor según el grado del quebranto moral producido. Aprovecharse de una situación de privilegio para enriquecerse durante una pandemia deja pocas dudas sobre el nivel de gravedad del caso Koldo”. Ábalos y el 15-M es su texto.
“España sufre un estancamiento en la lucha contra la corrupción y la responsabilidad no es de algunos partidos, sino de todos los gobernantes. No se han tomado en serio que, en la corrupción, como en la salud, es mejor prevenir que curar. Les es más rentable anunciar estruendosamente castigos bíblicos para las acciones corruptas pasadas, ‘caiga quien caiga’, que elaborar silenciosamente medidas útiles que impidan las futuras”. La frase es de Víctor Lapuente en Cesto podrido.
Sergio del Molino escribe en La figura del asesor y los nuevos séquitos que este caso “debería abrir un debate sobre los límites y responsabilidades de esa figura cada vez más nebulosa y escurridiza llamada asesor. Concebida como un apoyo auxiliar (…), ha acabado convertida en muchos casos en algo parecido a una corte que rodea y blinda a los cargos públicos”.
En opinión de Fernando Vallespín, “tan trágica como la corrupción es una situación en la que el recurso a consideraciones éticas se subordina a lealtades partidistas y se silencia todo lo demás. De lo que se trata es de definir cuál es el mal y extirparlo entre todos. Sin embargo, en esta política escindida en dos grandes batallones no hay más mal que el que representa el propio enemigo”. Su Desánimo cívico comienza con una frase irrefutable: “Lo peor del caso Koldo/Ábalos es lo que suma a nuestro ya insufrible malestar político”.
Y, por concluir este repaso que podría ser más amplio, Berna González Harbour considera que “las goteras que sufre el Gobierno están dejando zanjas por las que se empiezan a descalabrar los jugadores”. Sus opiniones en Ábalos, el mártir de las mascarillas.
EL PAÍS le ha dedicado tres editoriales al caso desde que estalló con la detención de 20 personas, conocida el pasado 21 de febrero. El título del primero, publicado dos días después, sigue siendo igual de válido que entonces, cuando habían trascendido muchos menos detalles de la trama: Transparencia absoluta, caiga quien caiga. Allí señalábamos que el caso obliga al Gobierno “a despejar cuanto antes cualquier sombra de duda” y recalcábamos que la presunción de inocencia jurídica “no sustituye la voluntad política inmediata de ofrecer transparencia y tomar medidas si es necesario”. Este es su texto completo.
En José Luis Ábalos como factor de inestabilidad, defendíamos que una dimisión temprana del exministro “habría ahorrado a los ciudadanos este lamentable espectáculo, del que sale malparado el Partido Socialista pero también la clase política española. La sobreactuación del Partido Popular, una formación que se enfrenta todavía a decenas de causas por corrupción y con algunos cargos autonómicos y municipales envueltos en graves sospechas de irregularidad en la compra de mascarillas, no ayuda a un debate sereno sobre lo ocurrido”.
Finalmente, en Personajes turbios junto al poder, tras considerar que sigue siendo necesaria la dimisión de Ábalos como diputado, incidimos: “Una primera lección política de este caso es la falta de control institucional sobre el mundo de los cargos de confianza, para el que no existen protocolos u órganos fiscalizadores. Es necesario dar respuesta al ciudadano que se pregunta cuántos Koldos hay en las administraciones españolas y por qué no hay ningún tipo de cortafuegos ante la sospecha de comportamientos impropios”.
Parecería que dos preguntas monopolizasen la actualidad —¿Biden o Trump?; ¿qué va a pasar con la amnistía y el curso de la legislatura?—. Pero quizá la más repetida en todas partes sea otra: ¿cuándo tienen que cerrar los restaurantes? Mientras debate de las tres con amigos, conocidos y saludados, puede dedicar un rato a esta selección de nuestras lecturas de Opinión de la semana. | 
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