| Empieza una semana que puede ser importante para una de las grandes cuentas pendientes de la democracia española, arrastrada ya desde hace casi seis años. El Gobierno espera que de manera inminente Bruselas active la mediación internacional (sí) de la Comisión Europea para negociar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial, donde se atrinchera la mayoría conservadora de manera totalmente irregular desde 2018. Aquí un resumen de los detalles. Mientras tanto, los jueces siguen con su deriva. En la Audiencia Nacional, el magistrado García Castellón sigue sin mover un dedo ni ningún papel que pueda derivar en una investigación de la Operación Catalunya, el uso de la Policía por parte del PP para indagar irregularmente en sus rivales políticos. Y hablo de rivales políticos porque es muy difícil de comprar el argumento de la derecha que dice que lo que hizo Interior aquellos años fue usar fondos reservados en interés general del Estado contra el peligro del secesionismo. La realidad es que en la lista de víctimas hay un amplio espectro que incluye empresarios, personalidades del mundo de la Justicia y de los Mossos, un fiscal… eran enemigos políticos, no enemigos de Estado. Y menos en esa fecha: hablamos de 2012 a 2016, antes de la crisis de 2017 que derivó en el referéndum del 1-O y la declaración de independencia. - En su último boletín para socios, Ignacio Escolar desvela entre otras cosas un detalle casi de película. Cómo empezamos a tirar del hilo de la guerra sucia en 2014: todo empezó con una extraña oferta de empleo para una vacante en Asuntos Internos de la Policía.
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