Buenos días.
Rocío San Miguel, activista y abogada venezolana experta en asuntos militares, fue detenida el pasado viernes por la noche en Maiquetía, el principal aeropuerto de Caracas. Su caso adquirió enseguida una dimensión mayor. Detrás de la captura de San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, está la recurrente acusación del chavismo de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades le imputan los delitos de traición a la patria y terrorismo. En las filas opositoras sí se han fraguado algunos intentos de derrocar al presidente e incluso un delirante complot conocido como Operación Gedeón, que culminó en 2020 en un fallido desembarco con mercenarios en dos playas caribeñas. Al mismo tiempo, la cúpula chavista recurre con frecuencia a la teoría de la trama subversiva, en ocasiones presentando pruebas y a menudo sin hacerlo, como resorte de una estrategia política.
Tras meses de negociaciones con la oposición para llegar a un acuerdo sobre la convocatoria de elecciones presidenciales, previstas para este año, el foco en Venezuela está ahora sobre la hipótesis de un supuesto plan golpista para asesinar a Maduro. El fiscal general, Tarek William Saab, presentó este miércoles un vídeo editado como evidencia central contra San Miguel, quien cuenta con doble nacionalidad venezolana y española. Cargó contra las decenas de organizaciones no gubernamentales que condenaron la detención de la activista y lanzó una advertencia que venía a decir que está prohibido dudar de la existencia de un nuevo complot, bautizado como Brazalete Blanco.
La etapa de distensión marcada por los acuerdos de Barbados, la relajación de las sanciones e incluso el intercambio de presos que permitió la liberación del empresario Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser el testaferro de Maduro, empezó otra fase. El chavismo volvió al guion del cerco a la oposición. María Corina Machado, hoy la principal dirigente antichavista y ganadora de las primarias, quedó excluida de la carrera electoral al confirmarse su inhabilitación. En las calles se activó el plan conocido como Furia Bolivariana, impulsado por la llamada "unión cívico, militar y policial”. Es decir, militantes fieles, militares y policías con un propósito: dejar claro a los disidentes quién manda.
A la detención Rocío San Miguel siguieron la de su hija y la de miembros de su familia, que quedaron en libertad el martes. Sin embargo, las autoridades enviaron a la abogada al Helicoide, la cárcel del servicio de inteligencia, un lugar que evoca las peores imágenes de la represión y que cíclicamente regresa al tablero de la política venezolana. Casi siempre, cuando el chavismo decide atrincherarse.
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