| Han pasado 2.030 días desde que el 4 de diciembre de 2018 caducase el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que el martes PSOE y PP lograron al final un pacto que desbloquea su renovación y acaba con una de las mayores anomalías de la historia democrática española. Un día antes de aquel 4 de diciembre, EL PAÍS aseguraba en su portada, a cuenta de las elecciones andaluzas, que la ultraderecha irrumpía en España… Cómo pasa el tiempo. En esta cronología puede revisar lo que ha supuesto ese largo lustro con una de las principales instituciones del Estado en coma y presa de la batalla política.
En esos cinco años y medio se han sucedido en nuestras páginas todo tipo de argumentos en cientos de informaciones y artículos de opinión para acabar con un dislate en el que ahora quizá no tenga sentido buscar culpables, pero del que no se puede olvidar que la principal responsabilidad la ha tenido el PP, a cuyo frente se han sucedido en este tiempo dos presidentes: Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo. Entre esos argumentos figuran los que hemos desgranado en el más de medio centenar de editoriales que hemos dedicado al bloqueo y sus avatares. El primero fue este Que dimitan todos, en el que afirmábamos que “el espíritu de la ley insta a los partidos a pactar los miembros del Consejo, no a repartírselos siguiendo consignas sectarias, y mucho menos a condenar al bloqueo en caso de que no se salgan con la suya”. Hubo muchas, demasiadas, ocasiones de repetirlo.
Bien está lo que bien acaba si sirve para cumplir la Constitución y mejorar el prestigio de la democracia española. Bueno para la justicia, bueno para la política, titulamos ayer el editorial que cierra (por ahora) la serie. En él destacamos que el pacto firmado “abre espacios de entendimiento para promover reformas legales que permitan avanzar en el blindaje de la independencia judicial, poniendo límites a excesos del poder político”. Ese será uno de los principales retos, quizá el mayor, que tendrá el acuerdo.
A ese reto alude hoy mismo la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Ana Carmona. A su entender, en la actual situación política “la exigencia de independencia de los vocales del CGPJ y la necesidad de un ejercicio despolitizado de sus funciones incrementa su sentido, lo que contribuye activamente a recobrar el sentido constitucional que justifica su existencia: garantizar la no interferencia política en la gestión del poder judicial”. Pero también alerta de que “tras celebrar como se merece la ansiada renovación, el riesgo de que la exasperada realidad política vuelva a manifestarse con toda su crudeza planea en el horizonte”. Esta es su reflexión: El CGPJ y su renovación: las formas y el fondo.
El hecho en sí de que Pedro Sánchez y Feijóo hayan logrado cerrar su primer gran pacto de Estado ya es de celebrar. Los socios del Gobierno ven incluso nacer una nueva legislatura de gran coalición, lo que parece demasiado decir visto el tono de la intervención del líder popular la tarde del martes o el intercambio verbal entre socialistas y populares en la sesión de control de ayer. Habrá que ver, por ejemplo, la evolución de Feijóo de puertas (populares) para adentro. “A Feijóo le lloverán piedras, pero ha ofrecido su primer gesto real para romper amarras con quienes pretenden tutelarlo”, escribe nuestro cronista parlamentario Xosé Hermida en Feijóo corta amarras.
Ha ganado la democracia, que “en caso de eternizarse el bloqueo (aunque fuese por parte de la oposición) iba a sufrir un varapalo en el próximo Informe sobre el Estado de derecho de la Comisión Europea (…) La propuesta firmada ayer [por el martes] brilla por evitar ese problema y sus efectos reputacionales y económicos”, incide Xavier Vidal-Folch. Esta es su opinión: Acuerdo de pastores, los lobos muertos.
Para Mariola Urrea, el acuerdo “recoge lo urgente: renovar el Consejo General del Poder Judicial con una lista de personas de trayectorias profesionales diversas. También contempla una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que tiene como propósito afianzar las garantizas de independencia de jueces y magistrados, así como del Ministerio Fiscal, algo que, más allá de cómo se concrete, merece ser celebrado a modo de bálsamo frente a la desconfianza en el poder judicial que se ha instalado entre la ciudadanía por errores propios y ajenos”. No era tan difícil, carajo, ironiza su título.
Crítico se muestra Daniel Gascón en El bloqueo, el acuerdo y la reforma del CGPJ: “Los dos partidos principales, que representan dos tercios del voto, han acordado reformar el sistema, pero las garantías de que eso suceda son limitadas. El procedimiento elegido (proposición de ley urgente) y el vocabulario no invitan al optimismo”.
Confiemos en que, mucho antes de que transcurran otros 2.030 días, esta frase de Fernando Vallespín en una columna reciente sea ya parte del pasado: “El ciudadano de a pie tiene buenas razones para pensar que hay una indudable interferencia política en la vida judicial, y que aquí también se ‘sentencia por batallones’, como si el derecho fuera un chicle que puede extenderse de forma casi ilimitada en la dirección querida”.
Esta noche es el primer debate Biden-Trump y el domingo la primera vuelta de las trascendentales legislativas francesas. En ambos casos, es fácil elegir con quién ir. Sobre todo, con quién no. Mientras, esta es una selección de las piezas de Opinión de la semana. | 
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