| Este es el boletín de la sección de Madrid de EL PAÍS, que cambia de periodicidad y de autor. A partir de ahora, saldrá los martes a las seis de la tarde con la firma de Miguel Ezquiaga. Los viernes, Héctor Llanos Martínez mantiene su entrega, dedicada a propuestas para el finde y que os llegará a mediodía. Si no estás suscrito, puedes apuntarte aquí.
Toc, toc. ¿Hay alguien ahí?
Me presento: soy Miguel Ezquiaga, redactor del periódico. El tipo alto, barbudo y más bien corpulento que, a partir de ahora, se hará cargo de este boletín. Lo enviaré cada martes con la idea de que hurguemos juntos en las entrañas de Madrid. Ahora que ya me he colado en tu bandeja de entrada, empecemos:
Sois muchos los que os acostáis reventados por las horas incineradas en la búsqueda de un piso. El mercado del alquiler convencional se ha convertido en un territorio salvaje, competitivo. En gran medida por un problema de escasez relacionado con el aumento exponencial de las viviendas para turistas. Consciente de este fenómeno, el Ayuntamiento ha querido mover ficha: la semana pasada anunció que dejará de otorgar licencias a pisos turísticos hasta septiembre, cuando estará lista la nueva legislación, sobre la que poco se sabe. La decisión responde a un lavado de imagen y tendrá efectos muy limitados. Te explico por qué.
El trámite para legalizar cualquier piso turístico consta de dos partes: una autorización autonómica y una licencia municipal. La primera funciona como un alta de actividad, y no puede otorgarse sin la segunda, que establece requerimientos como un acceso independiente al del resto de los vecinos. La mayoría de las viviendas vacacionales no cuentan con uno, por lo que se les deniega la licencia municipal. No obstante, obtienen la autorización de la Comunidad de Madrid, que no cruza los datos con los del Ayuntamiento para comprobar si la licencia municipal ha llegado a aprobarse. Este lío administrativo dificulta el cierre de los apartamentos que no cumplen con la normativa. Solo el 6% de los casi 13.500 que existen en la ciudad son legales.
Cabe preguntarse entonces qué efecto puede tener la suspensión de licencias municipales si la abrumadora mayoría de los apartamentos turísticos opera sin ella. Los expertos demandan una campaña masiva de inspecciones en la que el Ayuntamiento y la Comunidad actúen de forma colegiada. El aumento desorbitado de los pisos de alquiler vacacional no solo dificulta el acceso de los madrileños a la vivienda, sino que, además, fractura la convivencia en los barrios, como alerta el Defensor del Pueblo y como ha llegado a reconocer el alcalde en alguna ocasión. El problema es acuciante en Embajadores. El distrito alberga más de 2.000 viviendas de este tipo, además de hostales, pensiones y hoteles. En la fachada de uno de ellos destaca esta pintada: el barrio para quien lo habita. La tensión aumenta.
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