| El Salvador es infamemente reconocido a nivel internacional por torturar a las mujeres en condiciones de pobreza. En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo dejó en firme con el caso de Manuela, una de 74 mujeres que la justicia salvadoreña condenó a 30 años de cárcel después de una emergencia obstétrica. Manuela murió en 2011 de un cáncer algunos años antes de que el indulto fuera una opción viable para mujeres como ella. Cuando perdió a su bebé, todavía no le habían diagnosticado una enfermedad que, según se supo después, afectó a su embarazo. Tomó 10 años para que su inocencia se restableciera en una corte internacional, pero ese reconocimiento abrió camino para poner fin a la pesadilla de las demás. En diciembre de 2023, El Salvador liberó a Lilian, la última mujer condenada por un parto extrahospitalario.
La liberación de Lilian cierra un ciclo en la vida de estas mujeres de las cuales poco o nada sabíamos hasta abril 2014, cuando la campaña Una flor por las 17 fue lanzada. La campaña daba cuenta de las condiciones en las que habían tenido que enfrentar su embarazo y dar a luz. Mujeres que vivían en condiciones de pobreza y que, en su mayoría, no habían terminado de cursar educación básica y cuyos ingresos venían del comercio informal o de labores de cuidado. La historia era casi siempre la misma: contracciones confundidas por un dolor de estómago que las llevó a un baño, casi siempre una fosa séptica, donde parieron sin atención o ayuda alguna a sus bebés. Cuando la ayuda llegó a ellas, en lugar de verlas como una persona que necesita auxilio, fueron etiquetadas como sospechosas, esposadas a una camilla y acusadas por la Fiscalía de ser “malas madres” que no cumplieron, en medio del dolor y el esfuerzo físico que un parto significa, con su deber de garantizar la vida de sus hijos e hijas.
Todas ellas fueron sometidas a una justicia marcada por estereotipos de género entre 1999 y 2019, la década en la que nos convertimos en el país con la ley más restrictiva contra el aborto. En 1998 entró en vigor en El Salvador la reforma al Código Penal que eliminaba tres causales bajo las cuales el aborto era permitido y en 1999 se reformó la Constitución para incorporar en el artículo 1 el reconocimiento a la vida desde el momento de la concepción. Si bien todas ellas tuvieron partos prematuros o de término, la acusación inicial fue de aborto, porque según las autoridades ellas habían atentado conscientemente contra la vida de sus hijos.
El impacto de la reforma fue tal que impregnó de temor al gremio médico salvadoreño, al que, en los hospitales nacionales donde estas mujeres fueron atendidas, se le entregó un memorandum para notificar que cualquiera que estuviera involucrado en un aborto perdería su licencia como médico. La historia de las 17, el número inicial de indultos que la campaña pedía, le dio la vuelta al mundo con la pretensión de generar presión a las autoridades para que revisaran las circunstancias bajo las cuales estas mujeres fueron encarceladas. El eco fue más grande fuera de la frontera, desde donde empezaron a llegar corresponsales para cubrir sus historias y amplificar lo que a todas luces era una injusticia.
En casa, en cambio, la campaña se encontró con una sociedad, sobre todo, indiferente y una reacción violenta por parte de personas con poder político y económico, los mismos que impulsaron las reformas del 98 y 99. El entonces director del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, se encargó de arremeter contra ellas y la campaña, e hizo uso de los expedientes a los que tenía acceso para “demostrar” que los recién nacidos habían sido asesinados. Fortín Magaña no solo era abiertamente Opus Dei, sino que su esposa formaba parte de la Junta Directiva de la Fundación ‘Sí a la Vida’. Esta es una de las fundaciones que por años lideró la un movimiento contra la liberación de las 17, sobre quienes montó un sitio web en donde adjuntó imágenes no solo de ellas para sacarlas del anonimato, sino de los bebés.
Pero el temor no era solo de los médicos. Siendo el aborto y todo lo que se le parezca un tabú en El Salvador, ningún abogado u organización de derechos humanos quiso, en principio, litigar estos casos. Morena Herrera, una de las líderes del movimiento feminista en El Salvador y Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, cuenta que en 2013, cuando estaban compilando los casos, recuerda cómo iban “de abogado en abogado, de despacho en despacho”, y lo que encontraron fue un no por respuesta, bajo el argumento de que los casos “ya eran cosa juzgada”. Fue hasta que el primer juzgado admitió la primera revisión de sentencia en 2014 que instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) –aliados importantes desde entonces– decidieron sumarse a la campaña como parte de la defensa.
A la campaña también se sumaron organismos internacionales que fueron clave para hacer presión, pero el éxito de que finalmente 73 mujeres estén libres es resultado absoluto del trabajo incansable del movimiento feminista, desde la toma de calles afuera de los juzgados cada vez que una de ellas se enfrentaba a una audiencia, hasta llevar el caso de Manuela y Beatriz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De las 73 mujeres liberadas, solo una logró el indulto, y diez fueron absueltas. Eso a pesar de que a todas, sin excepción, se les reconoció haber sido juzgadas sin garantías procesales y con pruebas insuficientes. Si bien la libertad era para ellas lo más deseado, no todas recuperaron su inocencia. Y aun a quienes así las declaró un juez, enfrentaron amenazas. |
