| Buenos días, lectores:
Espero que este boletín los agarre con el pasaporte actualizado, porque hoy vamos a hablar del chicharrón (nunca un mejor sustantivo, ni uno tan criollo), de la licitación. En Colombia, como bien sabemos, las noticias no se desarrollan, se subdesarrollan. Y esta, que va camino a otra crisis de Gobierno, es el ejemplo perfecto de cómo el enredo y la confusión dominan nuestra agenda noticiosa diaria. Seguirle la pista al frenesí mediático no es fácil: aquí en una mañana ocurre tanto como un año de noticias en un país nórdico, así que vamos por partes con esta historia que ha sumado más capítulos, traiciones y nuevos personajes; y que se ha convertido también en un novelón.
La noticia: El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, firmó unas resoluciones que desconocen las decisiones de su jefe y adjudican sorpresivamente la licitación de los pasaportes a Thomas Greg & Sons (TGS) y el presidente Gustavo Petro afirmó en X (antes Twitter) que ese funcionario “los traicionó”. Salazar dijo que lo hacía por honor a la Constitución. “No quiero pasar a la historia como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes”, aseguró el secretario en una de las muchas entrevistas que dio en medios. Sin embargo, no es claro aún cómo tomó la decisión que, según el Canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, fue inconsulta; ni por qué Salazar, viejo amigo del suspendido canciller Álvaro Leyva, decidió desconocer a quien lo llevó al Ministerio y adjudicar ese millonario contrato mientras le pedían la renuncia.
El subdesarrollo: La polémica arrancó hace casi un año, en mayo de 2023, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores inició un proceso de licitación para elegir a la nueva empresa encargada de producir, distribuir y suministrar la libreta de pasaportes, así como de la impresión y entrega de las etiquetas de la visa colombiana. En ese momento, 11 empresas se postularon para acceder al contrato de casi 600.000 millones de pesos (unos 145 millones de dólares), entre ellas la conocida Thomas Greg & Sons (TGS), que viene ganando el contrato desde hace 16 años de forma ininterrumpida. Rápidamente, al ver las condiciones, siete de esas empresas se bajaron de la licitación por considerar que esta favorecía a TSG.
Fue tal el escándalo (el primero de muchos) que a mediados de junio la Cancillería suspendió la licitación y en septiembre la declaró desierta, bajo el argumento de presuntas irregularidades. La orden vino del propio presidente Gustavo Petro. “No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite”, dijo en ese momento. El presidente ha insistido en la pluralidad de competidores en las licitaciones, un objetivo loable en un país de contrataciones hechas a medida. No obstante, como ha dicho la columnista de este diario, Yolanda Ruiz, “esa es una batalla que debe darse con las herramientas jurídicas adecuadas para evitar que a la postre le terminen costando más caro al Estado”.
La multinacional reaccionó pidiendo una conciliación para que la Cancillería le entregue el contrato o en su lugar los indemnice con 117.000 millones de pesos (2,3 millones de dólares), como lo contamos en EL PAÍS América Colombia. Su argumento es sencillo: si hay un proponente que llegue hasta la última etapa y quede habilitado, no se puede declarar desierta una licitación. “Desierta”, como su nombre lo indica, es cuando no queda nadie, y cuando solo queda uno, es obligatorio entregarle el contrato.
Y aquí es donde aparecen otros personajes, como la entonces directora de la Agencia Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora y denuncias de supuesta corrupción del canciller Leyva, hoy suspendido por la Procuraduría. Zamora, antes funcionaria muy cercana a Petro, le recomendó al mandatario que conciliara para evitar la millonaria demanda y denunció ante el periodista Daniel Coronell tener información de que el hijo del canciller, Jorge Leyva, el funcionario de la cancillería Juan Carlos Losada y el empresario Alex Vernot se reunieron en París para tocar temas relacionados con la licitación de los pasaportes. Otro nubarrón sobre ese jugoso contrato.
Petro, sin embargo, la despidió por redes sociales y se puso del lado de Leyva. Sería la primera caída por esta polémica. Pero no la única. Con la velocidad de la luz, e inversamente proporcional a la lentitud para otros casos (especialmente en otros Gobiernos), la Procuraduría abrió un proceso y suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva. Este, viejo zorro de lides políticas, postergó su partida, tomó decisiones mientras tanto hasta que finalmente Petro se trajo de Estados Unidos a Luis Gilberto Murillo para que sea el embajador sea el encargado —o más bien, el encartado— de la licitación.
Eso nos sitúa en el presente que también es turbulento. En la Cancillería, como conoció este diario, el ambiente está tenso desde que Murillo llegó pidiendo renuncias a varios funcionarios, entre ellos Losada (el de la reunión de París) y Salazar. “Parece con intención de quedarse y ya dispuso cambios en su oficina. Le pidió renuncia a Salazar y este le dijo que solo lo despedía el presidente”, dice una fuente de la Cancillería a EL PAÍS. La tensión, ya alta, estalló por los aires cuando Salazar, hasta ahora un desconocido para la opinión pública, pero bien conocido por Leyva, sacudió el ajedrez de la historia y adjudicó el contrato. Más cuando dijo que lo había decidido porque es lo que indican la Constitución y la ley, señalando implícitamente a Leyva de haberlas desconocido.
Este martes, mientras escribía este boletín, Salazar fue a despedirse de sus compañeros de la Cancillería, al tiempo que Murillo daba una declaración que, de acuerdo con el periodista de Caracol Radio, Jorge Espinosa, quien ha seguido la pista de este contrato, es confusa. Murillo dijo que el 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro; pero lo curioso es que el mismo 22 le devolvió a Salazar el poder sobre el proceso de los pasaportes. El canciller encargado también dijo que el contrato con la multinacional sigue desierto, porque Salazar no tenía la atribución de revivirlo, y que no hay disponibilidad presupuestal para ese contrato. Y, para terminar de enredar más la pita, aclaró que la nueva licitación ya está suspendida por las más de 400 reclamaciones que ya han llegado.
Muchas preguntas abiertas en una noticia que promete aún más subdesarrollo. |
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