| En los últimos días parecen haberse juntado los horrorosos casos de feminicidios en Colombia. El de Stefanny Barranco, asesinada por su expareja en un centro comercial de Bogotá donde trabajaba, causó enorme conmoción. Pero cuando el país apenas lo procesaba — si es que es posible— ya se conocía de otro, el de Natalia Vásquez Amaya. A ella, que había pedido ayuda y estuvo durante un tiempo en una casa refugio le pidieron volver al trabajo presencial, según el relato de su familia, algo que aprovechó el asesino, también su expareja sentimental.
La realidad es que los feminicidios han venido ocurriendo sin parar y en distintas regiones (Santander donde más). Y solo este año van 90 casos, según la Procuraduría General de la Nación. “Han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas sentimentales, eso quiere decir que 4 mujeres han muerto a la semana en virtud de problemas relacionados con la vida familiar. Esto no puede seguir ocurriendo”, informó la procuradora Margarita Cabello.
Volver al tema en este boletín no es casual. Especialmente porque a pesar de las indignaciones temporales se sigue llamando mal a este tipo de hechos de violencia de género y, por esa vía, justificando que ocurran. Incluso porque quienes deben prevenirlos como la Policía. Después del feminicidio de Stefanny, la mayor Viviana Alvarado dijo que se trató de “motivos pasionales”, el centro comercial se apresuró a decir que eran “hechos aislados” y el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo que fortalecerían las medidas para que “toda mujer que esté en una situación de riesgo sepa identificar las señales”. Luego, corrigió sus dichos porque los feminicidos no son culpa de las víctimas sino responsabilidad de los agresores y aseguró que su alcaldía hará un seguimiento a 655 casos de mujeres que están en riesgo de feminicidios.
Como vemos, ni 90 feminicidios solo este año ni 525 en 2023 son hechos aislados.
Ahora, como siempre ocurre tras cada feminicidio que sacude y se olvida, habrá que prestar atención y estar como sirirís sobre las medidas anunciadas por los mandatarios. En el caso de Bogotá, Galán dijo que fortalecerá las comisarías de familia, que son la almendra del problema del acceso de las mujeres a la justicia. El alcalde anunció que aumentarían en 16 “el número de equipos comisariales que van a atender estas situaciones”, además de vincularlos con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para poder fortalecer su acción.
De otro lado, esperar los efectos que pueda tener la nueva Ley que sancionó el presidente Gustavo Petro para endurecer el tratamiento penal a los feminicidas. Según esta, la Ley 2356 de 2024, quienes cometan feminicidios no podrán recibir beneficios penales, como prisión domiciliaria ni suspensión condicional de la ejecución de la pena. Tampoco podrán redimir días de su condena por trabajo y estudio en la cárcel, ni podrán acceder a permisos temporales de 72 horas una vez cumplan las tres cuartas partes de la pena.
Finalmente, ver cómo avanza la creación de una sección especial de género en la Fiscalía General de la Nación y el poder judicial, porque es ahí donde las mujeres se chocan al denunciar. “Hay una reforma constitucional que ya está en curso, que presentó al Congreso una bancada de mujeres. En términos técnicos, es crear dentro de la Fiscalía y dentro del Judicial un sector específico para investigar y sancionar casos de feminicidio”, aseguró el Ministro de Justicia Néstor Osuna. Es una urgencia porque de acuerdo con Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, solo aproximadamente el 30 % de las investigaciones por feminicidio — nunca crímenes pasionales—, llega a etapa de juicio. |
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